Se acabo todo para las ONGs caviares en el Peru
En un hito legislativo sin precedentes, el Congreso de la República ha puesto fin a la era de impunidad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el Perú. Durante décadas, estas entidades operaron sin una fiscalización efectiva, manejando millones de dólares provenientes de la cooperación internacional con absoluta discrecionalidad.
Ahora, con la reciente aprobación del dictamen que modifica la Ley 27692, la supervisión será obligatoria, cerrando la puerta a oscuros manejos financieros y a la utilización de fondos para agendas ideológicas y políticas que nada tenían que ver con el bienestar de la nación.
Transparencia y Fiscalización: Una Decisión Histórica
El Congreso aprobó con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones la normativa que fortalecerá la fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo encargado de supervisar el destino de los recursos internacionales. Con esta ley, las ONG ya no podrán operar en las sombras, justificando proyectos ficticios o desviando fondos hacia actividades políticas encubiertas.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la congresista Auristela Obando (Fuerza Popular), reveló que más del 85% de las ONG que recibían dinero del exterior nunca registraron sus proyectos ante la APCI.
Con esta nueva normativa, todas estarán obligadas a inscribir sus actividades y detallar el uso de cada centavo recibido. Un golpe certero a la opacidad con la que muchas de estas organizaciones operaban en el país.
¿Dónde Iba el Dinero?
Durante años, la falta de fiscalización permitió que algunas ONG destinaran fondos a causas que distaban mucho de la ayuda humanitaria. Bajo el pretexto de defender “derechos” o promover “inclusión”, ciertos organismos se convirtieron en verdaderos brazos políticos de grupos ideológicos, manejando campañas mediáticas y financiando incluso a mercenarios del periodismo. El dinero que debía servir para proyectos de desarrollo sostenible o asistencia a comunidades vulnerables terminó en los bolsillos de operadores políticos disfrazados de activistas.
No solo se trata de una cuestión de transparencia, sino de un problema de soberanía nacional. Muchas de estas ONG actuaban como extensiones de intereses foráneos, interfiriendo en los asuntos internos del Perú bajo la fachada de cooperación internacional. Con esta nueva ley, el país toma el control y establece límites claros para evitar injerencias que atenten contra la estabilidad y la democracia.
El Comienzo de una Nueva Era
Este cambio normativo representa el fin de los privilegios y la impunidad para muchas ONG que, lejos de contribuir al desarrollo, solo usaban el nombre de la cooperación internacional como un escudo para sus propios intereses. La fiscalización y supervisión no solo garantizan un mejor uso de los recursos, sino que también devuelven la confianza a la ciudadanía, que por años vio con sospecha el manejo discrecional de estos fondos.
El Perú entra en una nueva era de transparencia, donde el dinero de la cooperación internacional ya no será un cheque en blanco para agendas políticas encubiertas. Ahora, cada ONG tendrá que rendir cuentas y demostrar que realmente trabaja por el bien del país. Una victoria para la legalidad, la soberanía y la verdadera justicia social.
