Ministro de salud de Vizcarra recibio un durisimo castigo
En una decisión que marca un precedente en la evaluación de la gestión pública durante la crisis sanitaria del COVID-19, el Congreso de la República aprobó, con 68 votos a favor, la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos del Dr. Víctor Zamora, exministro de Salud en el gobierno de Martín Vizcarra.
Esta medida fue adoptada tras concluir que Zamora tuvo responsabilidad directa en las compras irregulares de 1.4 millones de pruebas rápidas y el desabastecimiento crítico de oxígeno medicinal durante la pandemia.
La denuncia constitucional fue presentada por el congresista Alejandro Muñante, quien sostuvo que el exministro actuó con una preocupante indolencia al permitir adquisiciones que contravenían la política nacional de salud.
“Hay graves indicios de delitos contra la administración pública. Los altos funcionarios no deben quedar en la impunidad por las decisiones que costaron vidas”, manifestó el legislador al sustentar la acusación.
El informe final, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y respaldado por la Comisión Permanente, concluyó que Zamora no cumplió con su deber de supervisar la ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020, normativa que regulaba las compras de insumos esenciales para enfrentar la emergencia sanitaria.
Según el congresista Jorge Montoya, ponente del documento, el exministro avaló irregularidades administrativas que facilitaron la adquisición de pruebas rápidas de baja eficacia y contribuyeron al desabastecimiento de oxígeno, un recurso vital para los pacientes graves de COVID-19.
En su defensa ante el Pleno, Víctor Zamora rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de un acto de persecución política. “Esto es un juicio político sin pruebas que busca dañar la labor de quienes enfrentamos la pandemia”, aseguró, al tiempo que añadió que la medida tiene como fin “silenciar voces incómodas”.
A pesar de sus alegatos, el Congreso decidió sancionarlo no solo con la inhabilitación, sino también con el levantamiento de su fuero político, abriendo así el camino para que el Ministerio Público continúe con las investigaciones correspondientes.
El caso de Víctor Zamora pone en evidencia la necesidad de establecer responsabilidades claras en la gestión pública durante crisis de gran magnitud. Durante su tiempo al frente del Ministerio de Salud, se criticó severamente la falta de previsión y las decisiones que, según especialistas, agravaron la situación sanitaria en el Perú.
El desenlace de este proceso representa un llamado de atención para los altos funcionarios del Estado sobre las consecuencias de una gestión deficiente y negligente en situaciones de emergencia. El Congreso, al adoptar esta medida, reafirma su compromiso de no dejar en la impunidad las acciones de aquellos que, por su posición, tenían el deber de proteger la vida y la salud de los peruanos.
