Se acabo todo para conductores de Hablando H.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha respondido con firmeza y determinación a las recientes y polémicas declaraciones emitidas por los comediantes Jorge Luna, Ricardo Mendoza, y Cathy Sáenz, integrantes del popular programa digital “Hablando Huevadas”.

En dichas declaraciones, los humoristas acusaron a la entidad de haber solicitado un soborno para facilitar el registro de la marca de su espectáculo, una afirmación que no solo ha generado controversia, sino que también podría tener serias consecuencias legales para los acusadores.

A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), Indecopi rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y subrayando la falta de pruebas que respalden tales afirmaciones. El organismo enfatizó su compromiso con la transparencia y la legalidad en todos sus procedimientos, repudiando cualquier intento de manchar su reputación sin evidencia concreta.

“El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual rechaza enérgicamente las afirmaciones vertidas en un programa que se difunde en el entorno digital, sin la presentación de evidencia alguna, relacionadas con el intercambio de un pago indebido para permitir el registro de una marca,” señala el comunicado oficial.

Las declaraciones de los comediantes, que fueron emitidas en uno de los episodios de “Hablando Huevadas”, han provocado una gran reacción en el ámbito público y legal. Ricardo Mendoza afirmó en el programa que les ofrecieron resolver el registro de la marca “Hablando Huevadas” a cambio de un pago, describiendo un supuesto esquema de sobornos dentro de la institución. “Nos lo han ofrecido mil veces. A mí me han dicho: ‘yo te lo resuelvo, pero son 20, ¿ok? Dos para mí, dos para este, 10 para el otro, y el de trámites que es menos’”, afirmó Mendoza, insinuando que esta práctica sería una norma dentro de Indecopi.

Jorge Luna, por su parte, también se unió a las acusaciones, sugiriendo que la negativa de la institución a aprobar el registro de la marca se debía a una supuesta doble moral. “De verdad no nos dan porque son unos cucufatos de m…; solo que su moral se les olvida si es que pagas,” expresó con tono crítico.

Cathy Sáenz, la tercera integrante del programa, agregó más detalles a la denuncia, insinuando que conoce la identidad de los funcionarios que habrían solicitado el soborno y cómo se habría planeado distribuir el dinero. “Sé que ustedes tienen las pruebas del momento en que les han pedido la plata, sabemos quién les ha pedido, sabemos para quiénes iría la repartición,” declaró Sáenz, sugiriendo que los comediantes contarían con evidencia que podría comprometer a los implicados.

Frente a estas graves acusaciones, Indecopi ha anunciado que revisará detalladamente el contenido del video en cuestión y tomará las acciones legales pertinentes. La institución no solo ha exigido a los conductores de “Hablando Huevadas” que presenten las pruebas que sustentan sus declaraciones, sino que también ha dejado claro que no tolerará ningún tipo de difamación que pueda dañar su imagen o la confianza del público en sus procedimientos.

La gravedad de las acusaciones y la respuesta de Indecopi sitúan a los comediantes en una delicada posición legal. El delito de difamación en el Perú puede acarrear sanciones severas, incluyendo penas de prisión, si se demuestra que las afirmaciones son falsas y dañan la reputación de la entidad o de sus funcionarios. La situación plantea un escenario en el que el humor y la crítica social han cruzado la línea hacia un conflicto legal que podría tener repercusiones significativas para los involucrados.

Indecopi ha subrayado su compromiso inquebrantable con la justicia y la transparencia, asegurando que defenderá su honor y el de sus trabajadores a través de los cauces legales correspondientes. Mientras tanto, el público y los seguidores del programa estarán atentos al desenlace de este enfrentamiento, que podría marcar un precedente en la relación entre las figuras públicas y las instituciones del Estado.