POLITICA

Mira porque Gastelumendi se gano el repudio de los peruanos

El periodista progresista René Gastelumendi se ha ganado el repudio de los usuarios en redes sociales tras protagonizar un acalorado debate con el congresista Soto, quien defendió la aplicación de penas severas contra criminales, mientras que Gastelumendi abogaba por la protección de los derechos humanos de estos delincuentes.

Las reacciones no se hicieron esperar, y muchos peruanos criticaron duramente la postura del periodista, quien, en su afán de defender el respeto a los derechos humanos de los asesinos y sicarios, pareció minimizar la importancia de garantizar la seguridad y justicia para las víctimas de estos crímenes.

Durante el debate, Gastelumendi expresó su desacuerdo con la propuesta de salir del Pacto de San José para permitir la aplicación de la pena de muerte en casos de crímenes atroces, como el asesinato y la extorsión que afectan a miles de peruanos.

“No creo que esté de acuerdo con ustedes. ¿Salirnos del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte? ¿Se han puesto a pensar, para empezar, en eso?

El congresista Soto, por su parte, argumentó que la población claramente apoya medidas drásticas como la pena capital para aquellos criminales que han sembrado el miedo y la inseguridad en el país.

Si hacemos una encuesta hoy o mañana, la población claramente pedirá penas más severas, como la pena de muerte, para sicarios y extorsionadores”, señaló Soto, reflejando el sentir de muchos ciudadanos cansados de la impunidad que parece reinar en el país.

Gastelumendi, en cambio, cuestionó la validez de estas encuestas y argumentó que las decisiones importantes no deben basarse únicamente en lo que pide la ciudadanía. “Si hacemos una encuesta, también pedirían que se larguen los congresistas”, afirmó en un tono provocador, intentando desacreditar la propuesta del congresista Soto.

Congresista Soto: “René, yo, en mi condición como parlamentario, lo que estoy haciendo es entender que, a la fecha, en la actualidad, prácticamente los sicarios y los extorsionadores están causando la zozobra en la población de Perú.”

Gastelumendi: “Por supuesto, sí es tremendo. Pero, ¿cuál es su sustento científico? ¿Qué estudios tiene usted para referir que la pena de muerte provoca efectivamente? Estamos hablando de personajes miserables que nos dañan permanentemente.”

Congresista Soto: “Yo le pregunto a usted: ¿las personas que asesinan a los peruanos emprendedores de día a día, qué derechos podrían tener?”

La gota que colmó el vaso para muchos fue cuando Gastelumendi, en su defensa del Estado de derecho, afirmó que hasta los delincuentes más despiadados tienen derechos humanos que deben ser respetados.

“Tienen derechos, pues. Es una democracia. Perdón, pero ¿cómo que no tienen derechos? Tienen derechos, señor. En un estado democrático, por más que nos cueste aceptar, hasta el delincuente tiene derechos, derechos humanos.”, dijo el periodista, lo que generó una ola de críticas. Para muchos, este tipo de declaraciones demuestra una desconexión con la realidad que vive el ciudadano común, quien día a día sufre las consecuencias de la criminalidad rampante y busca soluciones inmediatas y efectivas para recuperar la seguridad.

El congresista Soto, aunque mantuvo el respeto durante todo el intercambio, no dejó pasar la oportunidad de expresar su desacuerdo. “Bueno, en esa parte yo no coincido contigo, René”, dijo, dejando claro que, a su juicio, la protección de los derechos de las víctimas y la seguridad de los peruanos debe estar por encima de cualquier otra consideración.

En las redes sociales, las críticas hacia Gastelumendi no se hicieron esperar. Muchos lo acusaron de ser un “progre desconectado de la realidad”, incapaz de entender el sufrimiento que viven las familias de las víctimas de la delincuencia.

Otros lo señalaron como un defensor de criminales, cuestionando su compromiso con los derechos humanos de los peruanos que diariamente son víctimas de la violencia. En definitiva, su postura durante el debate generó una fuerte reacción en contra, que refuerza la creciente demanda de la población por medidas más severas y efectivas para combatir la criminalidad en Perú.

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